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Gobierno de Atenea Gómez esconde sus contratos de obra pública

Isla Mujeres, a 29 de julio de 2026
(Cambio22)

En lugar de responder por qué los isleños siguen sin conocer quiénes han sido los beneficiarios de los contratos de obra pública y cuánto dinero recibió cada empresa constructora, el Ayuntamiento de Isla Mujeres optó por difundir un boletín en el que presume un reconocimiento por “transparencia y rendición de cuentas”, intentando desviar la atención del verdadero cuestionamiento: la opacidad en el manejo de la obra pública permanece intacta.

La reacción del gobierno municipal se produjo apenas unas horas después de que el Diario CAMBIO 22 revelara que, pese a anunciar inversiones históricas por cientos de millones de pesos, la administración de Atenea Gómez Ricalde mantiene fuera del acceso público los fallos de licitación, documentos indispensables para conocer cómo y a quién se adjudicaron los contratos.

En su respuesta oficial, el Ayuntamiento presume haber obtenido una calificación de 100 en el Sistema de Evaluaciones para la Armonización Contable (SEVAC), correspondiente al ejercicio fiscal 2025, reconocimiento otorgado por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana Roo (CONACEQROO).

Sin embargo, una buena calificación en armonización contable no responde al señalamiento central.

El SEVAC evalúa el cumplimiento de criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la integración de información financiera y los procesos contables de los entes públicos. No certifica que un gobierno publique los fallos de licitación, transparente las adjudicaciones de obra pública o dé a conocer cuánto dinero recibió cada contratista.

Y ese sigue siendo el problema.

En el portal oficial del Ayuntamiento aparecen las convocatorias de licitación con sus respectivas claves; no obstante, cuando los ciudadanos intentan consultar los fallos para conocer qué empresas concursaron, cuáles fueron descalificadas y quién ganó cada contrato, simplemente esa información no existe.

Como consecuencia, tampoco es posible conocer cuánto dinero fue adjudicado a cada obra ni verificar si los recursos públicos fueron asignados bajo criterios de competencia, legalidad y eficiencia.

La opacidad resulta aún más relevante si se considera que el propio Ayuntamiento informó haber ejecutado 139 obras durante 2025 con un presupuesto de 173 millones de pesos, además de 26 obras en 2024 por 205 millones de pesos, cifras que en conjunto representan cientos de millones de pesos cuyo destino específico continúa sin poder ser auditado por la ciudadanía.

Paradójicamente, mientras el boletín oficial asegura que el reconocimiento “fortalece la confianza ciudadana” y demuestra un manejo responsable de los recursos públicos, la información que verdaderamente permitiría generar esa confianza continúa oculta.

Porque la transparencia no se acredita con un diploma ni con una calificación perfecta.

La verdadera rendición de cuentas comienza cuando un gobierno permite que cualquier ciudadano pueda revisar quién ganó una licitación, cuánto cobró, bajo qué criterios fue seleccionado y cómo se ejerció cada peso del presupuesto.

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