Déjame te Cuento
Ángel Solís
Por segunda ocasión en el estado, un diputado de la 4T en el Congreso local presenta una iniciativa con el único propósito real de censurar a los medios de comunicación y esta vez a los comunicadores digitales que diariamente salen a las calles a realizar su trabajo, con el argumento de proteger la imagen propia. Así el cancunense Hugo Alday Nieto —ex yerno del gobernador Joaquín Hendricks Díaz—, pone con un pie en la cárcel a comunicadores urbanos chetumaleños, como Alex Dorado y Joel Zamora.
El intento de censura no es algo nuevo en Quintana Roo; es más, Hugo Alday se fusiló y revolcó la iniciativa presentada en su momento por la diputada Susana Hurtado Vallejo, recordada por regalar tangas a las mujeres que la apoyaran en su campaña a una diputación local, y cuya propuesta ahora se actualizó agregando el uso de la Inteligencia Artificial como pretexto.
En abril de 2024, las bancadas de Morena y el Verde presentaron una iniciativa, misma que tenía a Susana Hurtado como impulsora y cuya principal intención era prohibir la publicación de fotos de funcionarios públicos que supuestamente «atenten contra la intimidad personal» o «los derechos humanos», propuesta que fue archivada en los cajones del Congreso y rescatada por el ex yerno del exgobernador Hendricks, de oscuros recuerdos para los chetumaleños.
Dos años después, y utilizando como carne de cañón a la legisladora playense María José Osorio Rosas, se presenta una nueva iniciativa denominada “Propia Imagen”, la cual reformaría al Código Civil y sancionaría el uso o modificación de fotografías y videos, sin autorización expresa.
No es por menospreciar la capacidad o preparación tanto del diputado Ricardo Velazco, (militante fundador del Partido Morena) y mucho menos a la joven playense Majo Osorio, egresada del Tecnológico de Monterrey, pero ambos lo único que pudieron aportar a esta iniciativa censuradora fueron sus nombres al oficio que presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso local.
Este “Derecho a la propia imagen” tiene todo el sello del despacho legal del queretano Hugo Alday Nieto, especialista en propiedad intelectual y derechos de autor, con enfoque en el entorno digital, y quien pese al grave conflicto de intereses es apoderado legal de diversas marcas de empresas privadas, gobierno del estado y ayuntamientos de Quintana Roo.
Apodado el “Príncipe con Suerte” durante el gobierno de su ex suegrito Joaquín Hendricks, el queretano Hugo Alday pretende que le aprueben una ley que pondrá un cuchillo en el cuello a comunicadores que recorren las calles diariamente, para atender denuncias ciudadanas o abusos por parte de servidores públicos.
Casos de muestra hay en Chetumal, como el de la Financiera UNICAM, donde Joel Zamora y Alex Dorado entraron a esas oficinas privadas, filmaron y hasta persiguieron a dos hombres responsables de defraudar a cerca de 50 personas por más 800 mil pesos.
Otro caso es el fraude del crematorio de mascotas Xibalbá, en cuyo predio enmontado cercano encontraron 150 restos de perros y gatos en avanzado estado de descomposición. Con esta pretendida modificación a la ley, los acusados podrían denunciar a quien los fotografíe o difunda algún video con su imagen, sin su consentimiento.
Y más grave aún, esta iniciativa deja en la indefensión a las jovencitas y mujeres, quienes ya no podrían exhibir fotos o videos de su acosador o violentador, ya que estarían sujetas a ser demandadas o sancionadas por no tener el permiso de su agresor para publicar su imagen.
¿Blindaje borgista, versión 4T?
Esta iniciativa, presentada ya dos veces en el actual sexenio, hace recordar al llamado blindaje borgista que fue un conjunto de reformas legales, nombramientos clave y acciones políticas impulsadas por el exgobernador Roberto Borge Angulo (2011-2016) al final de su administración, y con esta insistencia en aprobarla hacen suponer a esta pretendida reforma al Código Civil como el inicio de un chaleco salvavidas y blindaje a futuro para los hasta hoy funcionarios guindas.
Aseguran que la iniciativa no protege a los servidores públicos, pero olvidan que el próximo año concluyen el gobierno estatal y la legislatura local, con lo cual tanto la gobernadora Mara Lezama Espinosa como los diputados locales y los funcionarios actuales volverán a ser ciudadanos comunes, con toda la libertad de denunciar a las personas o comunicadores que al utilizar imágenes o videos cuestionen sus acciones negativas o de corrupción, realizadas durante su paso por la función pública.
Por cierto, esta “Propia Imagen” del abogado queretano Alday Nieto —flamante representante del Partido del Trabajo (PT)— atenta contra de dos derechos humanos fundamentales: la Libertad de Expresión y la Libertad de Trabajo.
